El 11 de septiembre de 2018, representantes de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales y Advocacy de Mexfam A.C. presentaron un informe que pone de manifiesto diferentes irregularidades en relación a la implementación de la “Estrategia de Reconstrucción para las comunidades afectadas por los sismos del mes de septiembre de 2017”, anunciada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa el 3 de octubre de ese año, en la ciudad de Oaxaca, junto a titulares de dependencias federales involucradas en el tema.
Entre los compromisos asumidos se encuentran la creación de un Comité Ciudadano de supervisión de la transparencia del plan de trabajo y del uso de los recursos, la concreción de una Plataforma Electrónica que permita el acceso a esa información de manera pública y el anuncio de un fondo de 800 millones de pesos para darle inicio.

En primer lugar, Mexfam A.C. solicitó su incorporación al Comité Ciudadano mediante un oficio, y aunque la solicitud fue aceptada por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del estado, a la fecha no se ha instalado y se obtuvo como respuesta que la dependencia desconoce el asunto y que no han recibido indicaciones para llevarlo adelante.

Además, desde el anuncio de la creación de la Plataforma, se ha monitoreado el sitio web (http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria) y no se ha encontrado la información comprometida.

En relación al proceso anunciado para la reconstrucción de viviendas, Mexfam A.C. llevó a cabo un ejercicio sistemático de encuestas en una muestra de 200 hogares gravemente dañados de los municipios Juchitán de Zaragoza y Asunción Ixtaltepec, de la región del Istmo. Los resultados arrojan que cerca de la mitad de las personas entrevistadas (45%) consideran que los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no estaban capacitados para hacer la evaluación de daños y que el 58% expresó que la información recibida sobre el proceso de entrega de las tarjetas no fue claro. Prácticamente el total (95%) consideró insuficiente el recurso que le fue asignado y el 59% tuvo dificultades para acceder a los recursos de sus tarjetas.

Es necesario resaltar que los derechos de Participación social y de Acceso a la información están protegidos en México por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).

Por lo anterior y en particular, solicitamos al gobierno del estado de Oaxaca actuar de manera inmediata para transparentar la totalidad de los recursos, crear espacios de diálogo e interacción con la sociedad civil organizada y con la ciudadanía en general y reorientar y/o fortalecer las acciones de la Estrategia, considerando los hallazgos a la fecha, las necesidades de la población aún no cubiertas y concluir una tarea de la más alta prioridad de manera satisfactoria, transparente y con acompañamiento ciudadano.