GINEBRA (apro).- Rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de México por el Consejo de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas llevaron hasta la sede de la ONU la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y describieron ante la comunidad internacional una cruda y sombría fotografía de la situación en el país.

El propósito de su paso por Ginebra es sensibilizar a los estados que evaluarán el récord de derechos humanos de México con la finalidad de que le extiendan recomendaciones acordes a la magnitud de la problemática que se vive a lo largo del territorio mexicano, ya que en el foro del Consejo de Derechos Humanos la eficacia de los diplomáticos nacionales ha logrado minimizar la grave situación por la que atraviesa el país.

Impunidad el eje central de la crisis
En la pre sesión del EPU cada uno de los representantes de miles de víctimas en México fue describiendo con datos, cifras, estadísticas, casos, las violaciones de derechos humanos a la que se enfrentan miles de víctimas, coincidiendo todos en que la impunidad es el eje central “que perpetúa la crisis en México’’

De ahí que los representantes de REDTDT, Serapaz, CAMMI, Artículo 19, AsiLEGAL, MEXFAM, coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que recomienden a México en el próximo EPU un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad adaptado a las necesidades y problemática del país e inspirado en un modelo similar al de la CICIG de Guatemala.

Para quien no está familiarizado con el sistema del EPU, consiste en que los 193 estados que forman parte de la ONU, incluyendo los miembros del Consejo de Derechos Humanos, se someten cada cinco años al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en su territorio y los gobiernos extienden sus recomendaciones las cuales son aceptadas de manera voluntaria por el estado examinado.

Al tomar la palabra Zué Valenzuela de la Red TDT subrayó que el problema nodal en México es “la impunidad casi absoluta’’. Especialmente en lo que se refiere a defensores de derechos humanos con 130 asesinados en este sexenio y “ninguna’’ sentencia.

Además del mecanismo internacional contra la impunidad, pidió a los estados presentes que recomienden al Estado mexicano derogar Ley de Seguridad Interior, crear un modelo profesional sobre seguridad pública y una Fiscalía autónoma que sirva.

Lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto de 267 recomendaciones hechas al país solamente haya cumplido cuatro, haciendo hincapié en que, a pesar de la creación de la Ley de Víctimas, el Estado no cuenta con recursos adecuados para la atención de las víctimas.

También llamó la atención sobre otros temas que no han sido incluidos en las recomendaciones del EPU como el del desplazamiento forzado interno.